Por Frank Casado SAN JOSÉ DE OCOA.- En momentos en que el número de feminicidios es mayor que en años anteriores, los casos de homicidios aumentan , las denuncias de corrupción en el ministro público arropan las páginas de los periódicos nacionales, digitales y de circulación nacional, mujeres agredidas por sus respectivas parejas, familias con parientes asesinados y una cantidad de jóvenes detenidos por miembros dela DNCD se muestran preocupados con el accionar de los fiscales y jueces de esta provincia, y la actuación de los miembros de la uniformada. Ahora que autoridades anuncian tolerancia cero a la violencia de género, contra el combate a la corrupción, la misma preocupación la externan algunos fiscales, quienes sostienen han denunciado la situación a la Procuraduría General, es cuando se ve más a menudo que el número de “libertad Condicional” y el arreglo entre las partes, aumenta en nuestra provincia. “Siempre la Fiscalía pide prisión para los imputados, cumpliendo con las normas y la petición del presidente de la República y del Procurador General de la República. A pesar de que sometemos pruebas contundentes, los ponen en libertad”, afirmó un fiscal que pidió mantener en reserva su nombre. Uno de los casos más recientes y escandalosos en la provincia, ha sido el denominado “caso Peña-Rosanna”. El confeso vendedor de drogas afirmó que tanto la destituida fiscal de San José de Ocoa, Rosanna Rodríguez Melo, como agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como de la Policía Nacional, recibían dinero de sus manos a cambio de dejarle comercializar los narcóticos en este municipio. “Rosanna la fiscal y la DNCD eran los que me tenían vendiendo droga”, asegura el narcotraficante solo conocido como Peña y quien ha dicho que teme por su vida, luego de que supuestamente dejara de hacer los pagos a las “autoridades”. Los denunciantes afirman que hay decenas de casos donde se ha actuado de manera insensible, que pueden verificarse en los archivos judiciales. En tal sentido, piden al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que actúe rápidamente para evitar que siga en aumento la lista de corrupción denunciada. Las estadísticas registran que 52 mujeres y 18 hombres perdieron la vida, a nivel nacional, a manos de sus parejas en los primeros 11 meses del año pasado. San José de Ocoa, era una provincia que no estaba en el mapa de los feminicidios, de la corrupción judicial, ni corrupción policíal, pero la permisividad a dañado a Ocoa. fuente http://ocoainformativa.com/la-permisividad-ha-danado-a-ocoa/
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